Anda la pandilla socialcomunista pergeñando una reforma del Código Penal con el objeto de condenar de tres meses a un año de cárcel a los provida que acudan a las puertas de los “abortorios”, esa pocilgas inmorales donde se recauda dinero a espuertas y se degrada la ética más elemental. Lo que las organizaciones provida hacen cuando se plantan delante de los centros abortistas consiste en ofrecer a quienes van a abortar la posibilidad de replantearse su decisión en el último momento, facilitándoles la información de la que carecen: qué supone objetivamente un aborto, qué consecuencias psicológicas se derivan del mismo y qué alternativas tienen para dar solución a su problema.

En este asunto, la primera cuestión es determinar si, en sentido general, el acto de eliminar voluntariamente una vida humana nonata es, de inicio, un fracaso tanto individual como colectivo. En principio, aislándonos de las circunstancias personales que en cada caso se puedan dar, parece indiscutible  la validez de afirmar que es preferible que se produzca un nacimiento a que el feto sea triturado, al menos tanto como preservar de su destrucción los huevos de un águila imperial, entiéndaseme la ironía. Consecuentemente, lo que la sociedad y las administraciones en buena lógica deberían buscar es reducir el número de abortos en todo lo posible, ¿no?, independientemente de consideraciones morales. Sin embargo, lo que ocurre es exactamente lo contrario: en un ejercicio de infinita irresponsabilidad culposa, todos los resortes del estado y la comunicación se afanan en trivializar un acto salvaje que, entre otras cosas, en muchas ocasiones tiene unas consecuencias psicológicas que afectarán de por vida a la embarazada. 

Lo que podría parecer sólo una dejación vacía de toda lógica, lamentabilísima, naturalmente esconde unas razones impresentables que se concretan en dos objetivos tan distintos como distintos son quienes se benefician de ellos: la desestructuración de la familia como pilar de la sociedad y el enriquecimiento codicioso de unos pocos. En tanto en cuanto haya intereses ideológicos y económicos, la corrosión social y el drama personal de muchas mujeres, consecuencias derivadas de estos asesinatos, carecen de relevancia. ¿Qué importa el terrible ahogo vital de una joven de veinte años arrepentida de la brutalidad cometida una vez consumado el destrozo humano? ¿Qué importan 100.000 seres humanos destruidos cada año? Cada drama personal postaborto contribuye a impulsar ese proceso de desestructuración social y a llenar los bolsillos de organizaciones sin escrúpulos, y eso es lo verdaderamente relevante. El alto precio lo pagan jóvenes anónimas y ¿a quién le importa una joven anónima? 

El grado de mezquina irresponsabilidad de quienes no tienen suficiente con animar a través de su trivialización y de su manipulación engañosa llega tan lejos que se les hace insuficiente su diabólica maquinaria de propaganda, y ahora anuncian que van a convertir en delito el hecho de que, simplemente, se informe a las mujeres con intención de abortar de lo que ello supone y de las posibles alternativas que se le presentan. Habiendo tantos intereses en juego, mejor una mujer bien desinformada y condenada a cadena perpetua con un trauma psicológico de por vida que un aborto frustrado.  Se trata de incrementar, a costa de lo que sea y en la medida de lo posible, la amalgama que destruya un orden que odian y las monedas que engorden las cuentas de unos canallas sin escrúpulos. Y que nada ni nadie les detenga.